Escrito por Mientras me como un vaso de esquites, justo fuera del supermercado en donde no venden productos de unicel porque les pareció una buena política “verde”, reflexiono lo siguiente (mientras trato de que no le caiga chile a mi camisa):
En los últimos años, la discusión ambiental se ha llenado de frases tajantes: se prohíbe, se elimina, ya no se puede. En nombre de la sostenibilidad, gobiernos y organizaciones han optado por el camino rápido de la prohibición como señal de acción. Sin embargo, prohibir no es sinónimo de gestionar. La economía circular —si se toma en serio— exige algo más complejo, más incómodo y, a la larga, más eficaz que un simple “no se puede”.
La lógica de la prohibición parte de una premisa comprensible: si algo genera daño, hay que retirarlo. El problema es que los sistemas económicos y productivos no funcionan como interruptores. Eliminar un material, un producto o una práctica sin resolver lo que viene después suele generar efectos no deseados: sustituciones peores, mercados informales, costos ocultos para consumidores y empresas, o incluso mayores impactos ambientales. La historia está llena de ejemplos donde el remedio fue, en el mejor de los
casos, incompleto.
La economía circular propone otra mirada. No se centra en demonizar materiales o procesos, sino en rediseñar sistemas. Su pregunta clave no es “¿qué prohibimos?”, sino “¿que diseñamos para que los recursos circulen, se usen mejor y generen menos desperdicio desde el origen?”. Esto implica pensar en ciclos de vida completos: desde el diseño y la selección de insumos, hasta el uso, la reutilización y el retorno al sistema
productivo.
La economía circular es innovación
Cuando el debate se reduce al “no se puede”, se pierde de vista el papel de la innovación. La circularidad necesita ingeniería, logística, nuevos modelos de negocio, cambios en el comportamiento del consumidor y lo que se conoce como logística inversa, que es el proceso de regresar los producto desde el consumidor hasta los centros de manufactura. Prohibir puede ser políticamente rentable, pero rara vez incentiva la inversión necesaria para transformar procesos productivos. Gestionar, en cambio, obliga a sentar a la mesa a todos los actores: industria, autoridades, academia y sociedad civil.
Otro límite de la prohibición es que suele tratar a los síntomas, no a las causas. El residuo no aparece mágicamente al final de la cadena; es el resultado de decisiones tomadas mucho antes. Diseños que no consideran la reciclabilidad, envases innecesariamente complejos, modelos de consumo basados en lo desechable. La economía circular pone el énfasis en esas decisiones tempranas. Cambiarlas requiere reglas claras, sí, pero también incentivos, estándares técnicos y mecanismos de corresponsabilidad.
Además, prohibir sin alternativas viables puede profundizar desigualdades. Para muchas pequeñas y medianas empresas, adaptarse de golpe a un veto absoluto implica costos que no siempre pueden absorber. Cuando la regulación no distingue entre tamaños, sectores o contextos, el resultado puede ser la exclusión de actores productivos que podrían formar parte de la solución. Gestionar con enfoque circular implica transiciones graduales, acompañamiento técnico y marcos regulatorios inteligentes.
La circularidad también exige reconocer que no todos los contextos son iguales. Lo que funciona en una gran ciudad con infraestructura avanzada de recolección y reciclaje puede no ser viable en regiones con carencias logísticas. Prohibir de manera uniforme ignora estas realidades. Gestionar implica adaptar políticas a capacidades locales, fortalecer cadenas de valor y construir infraestructura antes de exigir resultados.
Un punto clave es la responsabilidad compartida diferenciada. La economía circular no descarga todo el peso en el consumidor ni en un solo eslabón de la cadena. Fabricantes, distribuidores, autoridades y usuarios finales tienen roles distintos pero complementarios: algunos tendrán un rol más intensivo que otros, pero todo resultan necesarios. Las prohibiciones, en cambio, suelen trasladar el problema a alguien más: si algo ya no se puede usar, alguien tendrá que resolver cómo sustituirlo, muchas veces sin apoyo ni
información suficiente.
Esto no significa que las prohibiciones no tengan lugar. En ciertos casos, cuando existen alternativas probadas y sistemas listos para absorber el cambio, pueden ser herramientas válidas. Pero en la lógica circular, la prohibición debería ser el último paso de un proceso bien gestionado, no el punto de partida. Primero se diseña el sistema; luego, si es necesario, se cierran las puertas a prácticas claramente obsoletas.
Gestionar la economía circular implica medir, trazar y evaluar. Requiere datos sobre flujos de materiales, impactos reales y eficiencia de soluciones. Prohibir sin medir es actuar a ciegas. La circularidad, por el contrario, se apoya en evidencia: ¿qué reduce realmente la huella ambiental?, ¿qué opción es mejor en todo el ciclo de vida?, ¿qué incentiva la innovación y la competitividad?
En el fondo, el debate no es ambiental versus económico. Es simplificación versus complejidad bien gestionada. La economía circular acepta la complejidad y trabaja con ella. Entiende que los problemas sistémicos no se resuelven con mensajes simples, sino con políticas coherentes, colaboración y visión de largo plazo.
Por eso, prohibir no es gestionar. Decir “no se puede” puede ser un gesto simbólico, pero gestionar es construir las condiciones para que el “sí se puede, pero mejor” sea posible. La economía circular no es una lista de vetos; es una invitación a rediseñar cómo producimos, consumimos, gestionamos y damos valor a los residuos. Y ese desafío, aunque más exigente, es también mucho más transformador.
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