Escrito por El pasado 19 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Economía Circular en México. Se trata de un paso relevante en la actualización del marco ambiental del país y es además uno que coloca a México en la conversación global sobre economía circular. El anuncio se hizo con mucho optimismo, y las industrias nacionales, que serán al final las reguladas por esta ley, la recibieron con buen ánimo.
El enfoque positivo es que se trata de una ley que por fin no es prohibicionista, y que busca más bien fundar una economía de producción, reúso o reciclaje de productos de cualquier material en beneficio del medio ambiente. Sin embargo, este es un primer paso, pues alcanzar verdaderamente una economía circular requerirá ajustes progresivos a un proceso enorme, que abarca a toda la cadena de producción y consumo nacional.
Responsabilidad extendida y compartida
Uno de los ejes centrales de la ley es la responsabilidad que asigna a los fabricantes. En los hechos, el modelo que se privilegia es el de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), un concepto ampliamente utilizado a nivel internacional y que parte de una premisa clara: la responsabilidad de una empresa no concluye cuando coloca un producto en el mercado, sino cuando éste es recuperado, reciclado o valorizado.
Esto implica que la gestión postconsumo ya no es opcional y que la industria deberá dar seguimiento puntual al ciclo que sigue su producto. El objetivo es tanto garantizar trazabilidad de los materiales, como ser capaces de medir el aumento gradual en la proporción de materiales reciclados o reusados. Todo deberá plasmarse en un documento de Gestión Circular para cada industria.
El gran reto es trasladar este modelo a la realidad operativa del país. El documento por industria implica una mayor comunicación y coordinación entre las empresas de cada ramo. Igualmente, su éxito dependerá de reglas claras, coordinación intergubernamental y el fortalecimiento de las capacidades locales de recolección y tratamiento de los gobiernos municipales.
El esfuerzo para construir una red de centros de acopio o bien de fortalecerla en los casos donde ya existe, como en papel, cartón, vidrio, algunos metales y PET deberá ser grande y un trabajo de equipo entre empresas y gobierno. La infraestructura de acopio en México es todavía insuficiente y, en muchas ciudades y pueblos, completamente inexistente.
El capital de inversión para crear esta red deberá ser grande, si se busca lograr un alcance nacional. Es el primer gran reto y, es tan relevante que debería ser parte del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí hay un gran destino para empresas medianas interesadas en conformar esta red. Para cumplir, hay que aprovechar la infraestructura de recolección de residuos municipal y establecer mecanismos de coordinación que permitan una correcta trazabilidad de los materiales. Habrá que capacitar al operador de recolección respecto de cómo llevar estos registros y qué puntos de contacto de circularidad estarán disponibles.
La ley dice que el concepto de responsabilidad extendida planteado en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) sigue vigente. Esto es, la participación de la sociedad y el gobierno debe ser parte de la economía circular.
En ese sentido, debe incrementarse el esfuerzo de educar e instruir a la sociedad civil sobre la correcta separación y manejo de los residuos. El hogar es un punto clave para reciclar debido a que el producto debe entregarse al sistema separado y limpio, y mantenerse así hasta llegar al centro de acopio.
Hay una estadística por ahí, viene de la propia Semarnat: en México se recolecta 84% de los residuos: es decir, todavía hay 16% de todo lo que tiramos diario que ni siquiera va a un relleno sanitario o un sitio de disposición final. De ese tamaño es el retraso, y es el sistema con el que los productores, gobierno y sociedad tendrán que trabajar.
Sin duda, hay buenos deseos, y si todo llega a funcionar como dice la ley, México sería un país modelo, qué modelo, ¡modelazo! Por el lado positivo, la ley está provocando que la industria se una para elaborar sus planes de Economía Circular ante la autoridad. Esto dará la oportunidad de articular mejor esfuerzos en conjunto, como interlocutores y socios del gobierno y la sociedad en este esfuerzo.
Tal vez de este networking puedan salir los empresarios que se necesitan para ir cerrando el círculo: acopiadores y centros de depósito especializados, como sucede con el unicel, así como empresas dispuestas a utilizar material reciclado de muy diversas formas en el futuro.
La Ley General de Economía Circular tiene buenas intenciones. Llevarla a la realidad, montar toda una cadena de circularidad, es una tarea que apenas comienza.
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